Choque de titanes: lo legal vs. lo legítimo.

Dentro de nuestra estructura orgánica como Estado, una Ley queda por encima de cualquier Ordenanza Municipal así que si alguna vez el Estado decidiera modificar una zona que involucre un APM podría hacerlo sin ningún inconveniente* porque se encuentra dentro de sus competencias, y porque dentro de la normativa nacional dicha área no se encuentra amparada: no legalmente. Sin embargo, vemos que aún bajo esa figura de la legalidad no todo está por sentado; ¿qué pasa cuando una comuna, más allá de alguna Ordenanza Municipal, siente dicha APM como propia?

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Podría parecer que un “simple municipio” enfrentado al gobierno sea como la lucha en tamaños entre David y Goliat, pero aquí develamos el asterisco (*), existe otro esquema: lo legítimo, lo genuino dentro del día a día de una población. Si bien el Estado es gestionado de una manera ordenada y mejor mediante leyes y normativa, esta es generada por el gobierno de turno y la percepción de “ordenado y mejor” que tenga, así que no necesariamente es siempre asimilado como tal por todos, pudiendo producirse así un desencuentro entre los ciudadanos y el gobierno. Uno apelando a algo intrínseco y propio de un municipio y el otro apelando a la ley.

Mientras no sea “legalmente” reconocida un APM por el Estado, el Gobierno Regional puede jugar un papel neurálgico aquí y es que sí existen Áreas Protegidas Regionales (APRs); por lo que sí el municipio es inteligente y trata con el gobierno regional al que pertenece podría lograr que un APM sea tramitado como un APR, por lo cual no necesariamente perdería su administración, pero fortalecería la legitimidad de dicha área con la legalidad.

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